De frente a su realidad la UPR

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El Nuevo Día

Por: Keila López Alicea

Los gastos dentro de los componentes de la institución universitaria varían en base a la composición de cada centro y reflejan disparidades entre lo que son las prioridades de cada uno

La red de recintos, unidades, divisiones y oficinas que componen la Universidad de Puerto Rico (UPR) se catalogan como su principal fortaleza al momento de fomentar el acceso a la educación superior y ofrecer servicios multidisciplinarios, pero también se convierten en su principal obstáculo cuando se topa de frente con la necesidad imperante de generar ahorros, como le sucede actualmente.

Aunque la UPR recibe su presupuesto en bloque, este se distribuye a cada unidad para que lo maneje de forma separada. Obtener un informe detallado de los gastos de cada recinto resulta ser una tarea compleja, pues sus informes de presupuesto solo engloban las partidas más grandes, señaló el especialista en política pública y finanzas públicas, Arnaldo Cruz.

“Aquí, lo que cuesta el manejo de cada recinto no siempre se divulga, no se habla de todo. Cuando se presenta el costo operacional de los recintos, solo se habla del Fondo General, no se habla de los costos asociados ni de los ingresos propios”, señaló Cruz, cofundador del Centro de Investigación y Política Pública.

Es harto conocido que la mayor tajada del presupuesto de la UPR se destina al pago de su nómina. De un presupuesto de $1,500 millones, la institución destinó $873 millones este año fiscal para el pago de sus empleados.

Pero una mirada de cerca revela que hay recintos que gastan casi la misma cantidad de su presupuesto para el pago de personal administrativo y no docente que en los sueldos de empleados docentes, aquellos que más directamente cumplen con la misión educativa e investigativa del sistema universitario.

En el recinto de Utuado se invierten en empleados no docentes 80 centavos por cada dólar que se paga en sueldos a la facultad, mientras que en Cayey se pagan 94 centavos a personal no docente y administrativo por cada dólar en empleados docentes, detalló Cruz, partiendo de un análisis de los informes financieros de 2015, los más actualizados que recibió de parte de la administración universitaria.

Asimismo, el dinero que se utiliza para cubrir los gastos operacionales de cada recinto varía entre los $9 millones que requiere Río Piedras, hasta $523,160 en el recinto de Utuado, cifras que se podrían adjudicar a la cantidad de estudiantes que atienden.

De cierres y consolidaciones

Entrar a la UPR es una meta con la que cientos de adolescentes sueñan durante sus años en la escuela. Pero no es lo mismo ser un estudiante de uno de los recintos grandes que ser estudiante de uno de los recintos menores, y los números lo demuestran.

El recinto de Río Piedras invierte $15,458.92 por estudiante, mientras que el recinto de Carolina invierte $7,390.86.

Estos análisis incluyen la totalidad de los fondos que recibe la UPR cada año fiscal para sus operaciones, tanto de fuentes estatales como federales e ingresos propios.

La Junta de Gobierno del sistema universitario discute y publica cada año fiscal el presupuesto aprobado para la UPR, pero el documento mayormente se enfoca en los ingresos del Fondo General y no se proveen detalles específicos de ciertas partidas.

Hacer millonarios recortes en el sistema de la UPR es una tarea compleja, dado que cada unidad opera como una parcela independiente y no siempre es posible ver cuánto se necesita realmente para operar cada unidad, argumentó Cruz.

Con esta apreciación coincidió la presidenta interina de la institución, Nivia Fernández. No obstante, esta atribuyó la dificultad al fino balance que se debe mantener entre las necesidades de la institución para cumplir con su misión académica, las exigencias de las agencias acreditadoras, los intereses de la población estudiantil y, ahora, los requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal para hacer ajustes que reduzcan la dependencia de la institución del Fondo General.

Fernández destacó que, aunque es común escuchar el reclamo a favor del cierre de recintos, particularmente los más pequeños, esa es una acción que no generaría los ahorros que se necesitan y tendría un impacto directo en la misión de la universidad del Estado de educar a las futuras generaciones.

Por ejemplo, Fernández destacó que existen recintos y programas que sirven como “puerta de entrada” para que los jóvenes tengan acceso a la educación superior, pues ya sea por las limitaciones de la cantidad de estudiantes que puede recibir cada programa académico o por el aprovechamiento académico del estudiante en la escuela superior, estos son aceptados a un programa o recinto del que después se cambiarán.

La funcionaria indicó que cada unidad y programa se creó en respuesta a una necesidad del País en un momento dado, pero con el paso de los años no se llevaron a cabo procesos de revisiones y es así como el sistema tiene en su catálogo ofertas que se repiten en todos los recintos –como administración de empresas, educación, ciencias sociales– sin que haya mayor diferenciación entre lo que tienen disponible para el estudiantado. No obstante, reiteró que hay ofrecimientos que son únicos de algunos recintos, como es el caso de la oferta enfocada en la agricultura del recinto de Utuado o el enfoque en la industria hotelera que ha adoptado el recinto de Carolina.

“¿Por qué tenemos tantos programas de educación, por qué tenemos programas de empresas? Aquí tuvimos el período de la posguerra, la industrialización, el nacimiento de los que ahora son los ‘baby boomers’, la UPR respondió a la necesidad”, expresó Fernández.

No obstante, la renovación a finales del siglo 20 y principios de siglo 21 no se realizó con la misma velocidad, reconoció la presidenta interina.

Ante eso, la crisis económica que enfrenta el País ha sido el catalítico para que la UPR finalmente haga las revisiones que le urgen, manifestó la funcionaria.

Sin embargo, para Cruz, las cifras no justifican que no se considere el cierre de recintos como una alternativa para paliar, de alguna manera, los problemas económicos del Gobierno.

“Hay unos pocos ofrecimientos especializados en algunos recintos, pero es poco. ¿Vale la pena tener unos recintos completos, con todo lo que esto conlleva, para estos programas? ¿Va a seguir el Gobierno central financiando a los municipios? Esos son cosas que tendríamos que preguntarnos”, cuestionó Cruz, al recordar que uno de los principales argumentos que se utilizan para defender la permanencia de los recintos pequeños es que generan actividad económica en los municipios en los que están enclavados.

Por ejemplo, Cruz indicó que, en base a una revisión de la oferta académica de la UPR, hay 99 programas académicos en todo el sistema que tienen menos de 25 estudiantes matriculados.

Pero eliminar recintos no es un proceso tan sencillo como un mero cierre de un portón y no necesariamente generará los ahorros que se vislumbran, dejó claro Fernández.

“Primero tenemos que hacer una evaluación de los programas académicos, ver qué es lo que tenemos disponible, cuál es su pertinencia, si los programas están siendo eficientes. Una vez tengamos esos datos, sepamos qué es lo que tenemos para ofrecerles a los estudiantes, entonces es que podemos pasar a evaluar los recintos”, sostuvo Fernández.

Se supone que el primer informe parcial sobre esta evaluación académica esté listo para el 1 de marzo; se perfila que el plan final se entregará en mayo, detalló la funcionaria.

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